La transformación digital de un Estado no comienza con una aplicación. Comienza con la infraestructura que permite que sus sistemas se conecten, intercambien información de forma segura y construyan servicios alrededor de las necesidades de las personas. Esa infraestructura tiene hoy un nombre que gana protagonismo en la agenda tecnológica mundial: Digital Public Infrastructure (DPI), o Infraestructura Pública Digital.
Durante años, la digitalización del Estado estuvo asociada principalmente con la creación de portales, aplicaciones y sistemas destinados a resolver necesidades específicas. Un organismo desarrollaba una plataforma para un trámite, otro construía un registro, otro implementaba su propio sistema de identidad. El resultado podía ser una administración digitalizada, pero no necesariamente un Estado digitalmente integrado.
La Infraestructura Pública Digital propone abordar el problema desde otra perspectiva: en lugar de construir cada servicio como una solución aislada, busca desarrollar capacidades digitales fundamentales, reutilizables e interoperables sobre las cuales puedan construirse múltiples servicios públicos y privados.
El concepto ya forma parte de la agenda de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mientras que en América Latina el debate está cada vez más vinculado con interoperabilidad, gobernanza digital y modernización de los servicios públicos.
De las aplicaciones aisladas a una infraestructura compartida
Una forma sencilla de comprender la DPI es pensar en la diferencia entre construir edificios y construir las rutas que permiten conectarlos.
Una aplicación puede resolver un problema concreto. Pero una infraestructura digital compartida permite que muchas aplicaciones, organismos y servicios funcionen sobre una misma base. El Banco Mundial compara esta lógica con las infraestructuras físicas que sostuvieron el desarrollo económico: carreteras, puentes y redes que permiten que diferentes actividades se conecten y crezcan. En el mundo digital, esa función la cumplen los sistemas de identidad, el intercambio de datos, los pagos y otros componentes interoperables.
La diferencia es fundamental: una aplicación resuelve una necesidad. Una infraestructura digital permite resolver muchas.
Los ejemplos más citados en el mundo muestran esa lógica en funcionamiento. India construyó sobre su sistema de identidad digital (Aadhaar) y su infraestructura de pagos (UPI) un ecosistema que hoy procesa miles de millones de transacciones mensuales y sirvió de base para programas sociales, banca e innovación privada. Estonia desarrolló X-Road, la plataforma de intercambio de datos que conecta a todos sus organismos públicos y que ya fue adoptada por más de 20 países. Brasil transformó su sistema financiero con Pix, una infraestructura de pagos instantáneos pública e interoperable. Tres caminos distintos, una misma idea: construir la base común primero, los servicios después.
¿Qué componentes forman una DPI?
No existe una única arquitectura idéntica para todos los países: la implementación depende de sus instituciones, legislación, capacidades tecnológicas y necesidades. Sin embargo, hay un conjunto de componentes que aparece de manera recurrente en las definiciones internacionales:
- Identidad digital: mecanismos para identificar y autenticar de manera segura a personas y organizaciones.
- Intercambio de datos: capacidades para que diferentes sistemas compartan información bajo reglas y mecanismos de seguridad.
- Pagos digitales: infraestructura para realizar transacciones de manera rápida, segura e interoperable.
- Servicios de confianza: firmas electrónicas, credenciales verificables y mecanismos de autenticación.
- Interoperabilidad: estándares, interfaces y arquitecturas que permiten que sistemas diferentes trabajen entre sí.
- Gobernanza: reglas institucionales, legales y técnicas que determinan cómo se utilizan esas capacidades.
El Banco Mundial identifica precisamente identidad, pagos y datos como los principales bloques fundacionales de la DPI, mientras que sus marcos más amplios incorporan interoperabilidad, privacidad, inclusión, apertura y gobernanza como principios fundamentales.
La interoperabilidad es una pieza central
Hablar de Infraestructura Pública Digital sin hablar de interoperabilidad sería dejar afuera uno de sus componentes fundamentales.
Un Estado puede tener cientos de sistemas digitales y seguir funcionando como un conjunto de islas. La interoperabilidad busca que esas islas puedan comunicarse: que un organismo pueda consultar información de otro cuando exista una base legal y autorización para hacerlo, sin obligar al ciudadano a presentar una y otra vez la misma documentación.
Interoperabilidad no significa que todos los sistemas deban ser iguales. Significa que puedan entenderse, intercambiar información y operar bajo reglas comunes. En este modelo, la tecnología deja de estar organizada alrededor de organismos aislados y comienza a orientarse hacia ecosistemas digitales conectados.
¿Por qué los países están apostando por la DPI?
La respuesta no es solamente tecnológica. También es económica, institucional y social.
Una infraestructura digital compartida puede reducir la duplicación de sistemas, facilitar la integración de servicios y permitir que nuevas soluciones se desarrollen sobre capacidades que ya existen. El Banco Mundial señala que las DPI ayudan a los gobiernos a ampliar servicios, reducir duplicaciones y habilitar innovación en áreas como protección social, salud, agricultura y servicios financieros.
Para los ciudadanos, esto se traduce en algo mucho más simple: menos trámites repetidos, menos formularios y menos necesidad de saber qué organismo posee cada dato. La tecnología desaparece progresivamente de la experiencia. Lo que aparece es un servicio más integrado.
Una nueva forma de pensar los servicios públicos
Imaginemos una situación cotidiana: una persona debe realizar un trámite que requiere acreditar identidad, domicilio, ingresos y determinada documentación.
En un modelo fragmentado, probablemente deba ingresar a diferentes plataformas, completar formularios y presentar información que el Estado ya posee. En un ecosistema interoperable, el proceso puede ser diferente: con los permisos correspondientes, los sistemas consultan la información existente, verifican requisitos y completan automáticamente parte del proceso.
El ciudadano no debería saber qué base de datos consultó el sistema ni qué organismo realizó cada validación. Debería, simplemente, poder resolver su necesidad. Ese cambio es uno de los grandes objetivos detrás de la evolución hacia servicios digitales centrados en las personas.
DPI no significa que todo deba pertenecer al Estado
Existe una confusión frecuente alrededor del concepto de “pública”. Infraestructura Pública Digital no significa necesariamente que cada componente deba ser desarrollado, operado o propiedad exclusiva del Estado. El carácter público está relacionado principalmente con su finalidad, alcance, gobernanza y beneficio social.
El Banco Mundial señala que las DPI pueden adoptar diferentes modelos de propiedad y operación, incluyendo esquemas de colaboración público-privada, siempre que se preserven principios como interoperabilidad, inclusión, privacidad, apertura y gobernanza. Por eso, una DPI debe pensarse como un ecosistema y no simplemente como un software.
Seguridad, privacidad y confianza
La posibilidad de conectar sistemas y compartir información también aumenta la responsabilidad: cuanto más integrada está una infraestructura, mayor es la importancia de protegerla.
Una DPI necesita contemplar desde su diseño la ciberseguridad, la protección de datos personales, la autenticación y autorización, la trazabilidad, la gestión de identidades, el consentimiento, la resiliencia y la continuidad operativa.
La confianza no aparece automáticamente por utilizar tecnología: debe construirse mediante reglas, arquitectura y mecanismos de seguridad. El propio Banco Mundial destaca que una implementación sostenible de DPI requiere marcos legales y regulatorios adecuados, estándares de interoperabilidad y un diseño seguro que proteja la información y evite riesgos de exclusión o uso indebido de los datos.
¿Qué tiene que ver la DPI con la inteligencia artificial?
Mucho. La próxima generación de inteligencia artificial no dependerá solamente de modelos cada vez más grandes: también necesitará información confiable, sistemas conectados y mecanismos seguros para acceder a datos.
Esto adquiere especial relevancia con la expansión de los agentes de IA, capaces de ejecutar tareas, consultar diferentes sistemas y actuar sobre información en nombre de personas u organizaciones. Un agente puede ser muy inteligente. Pero si los sistemas que necesita consultar están aislados, los datos no son confiables o no existen mecanismos seguros de interoperabilidad, su capacidad de acción será limitada.
Por eso, la evolución de la DPI puede convertirse en una de las bases sobre las que se construya la próxima generación de servicios públicos inteligentes.
El desafío argentino
En Argentina, la discusión sobre Infraestructura Pública Digital debe incorporar una característica particular: el país está compuesto por múltiples jurisdicciones con competencias, sistemas y capacidades diferentes. Esto convierte a la interoperabilidad en una cuestión especialmente estratégica.
No alcanza con digitalizar cada administración por separado. El desafío consiste en construir capacidades que permitan conectar jurisdicciones, organismos y ecosistemas sin perder autonomía institucional. Ese equilibrio entre integración y soberanía resulta fundamental: la información puede circular, las instituciones pueden colaborar, los servicios pueden integrarse — pero cada jurisdicción debe conservar reglas claras sobre sus datos, procesos y responsabilidades.
El rol de los estándares abiertos
La construcción de una DPI plantea una pregunta fundamental: ¿cómo evitar que la infraestructura digital quede atada a una única tecnología o proveedor?
Los estándares abiertos y las arquitecturas interoperables permiten reducir ese riesgo. Cuando diferentes sistemas pueden comunicarse mediante protocolos, interfaces y estándares comunes, resulta más sencillo incorporar nuevos componentes, reemplazar tecnologías y evitar que la evolución de toda una infraestructura dependa de una única plataforma. El Banco Mundial destaca la importancia de estándares e interfaces abiertas para que las DPI puedan escalar y favorecer la innovación tanto en el sector público como en el privado.
La Infraestructura Pública Digital y Santiago del Estero
Para Santiago del Estero, esta discusión no es únicamente una tendencia internacional: es parte de una agenda concreta de transformación digital.
El desarrollo de capacidades de interoperabilidad, gobernanza de datos, infraestructura tecnológica y servicios digitales constituye la base necesaria para avanzar hacia un Estado capaz de integrar información y procesos sin perder control sobre sus propios ecosistemas. Desde el CIID Sociedad del Estado, este enfoque se vincula directamente con la construcción de capacidades tecnológicas orientadas a la interoperabilidad, la infraestructura pública digital y la modernización del Estado.
La lógica es sencilla: no se trata solamente de digitalizar trámites. Se trata de construir la infraestructura que permita que esos trámites puedan evolucionar.
¿Por qué importa ahora?
El concepto de Infraestructura Pública Digital está pasando de ser un término de ámbitos especializados a convertirse en una pieza central de las estrategias de transformación digital. El Banco Mundial mantiene un programa global de DPI que trabaja con más de 80 países, mientras que el PNUD impulsa iniciativas de identidad digital, intercambio de datos y servicios públicos digitales. En América Latina, el debate avanza hacia modelos de interoperabilidad y capacidades institucionales compartidas.
El motivo es claro: los países que digitalizan servicios sin construir infraestructura común pueden terminar con cientos de plataformas aisladas. Los que construyen infraestructura interoperable crean un ecosistema sobre el cual es posible desarrollar nuevos servicios durante años.
La diferencia no está solamente en cuántos servicios digitales tiene un Estado. Está en la infraestructura que permite conectarlos.
El próximo desafío
La Infraestructura Pública Digital no es un producto que se compra y se instala. Es una capacidad que se construye. Requiere tecnología, pero también estándares, legislación, instituciones, seguridad, gobernanza, talento y cooperación. Y, sobre todo, requiere una visión de largo plazo.
La transformación digital de un Estado no termina cuando se digitaliza un trámite. Comienza cuando la infraestructura permite que ese trámite sea parte de un ecosistema.
Ese es el verdadero desafío de la Infraestructura Pública Digital: construir las bases digitales sobre las que pueda funcionar el Estado del futuro.
