⏱ Tiempo de lectura: 4 min
La inteligencia artificial (IA) y la automatización están redefiniendo el trabajo en todo el mundo. En América Latina, este fenómeno comienza a impactar también en la administración pública, planteando nuevos retos para la regulación, la protección de derechos laborales y la planificación estatal.
Automatización en aumento: ¿quién hace el trabajo?
Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 24% de los empleos en América Latina está en riesgo de automatización parcial o total. Las tareas más expuestas son aquellas administrativas, repetitivas o de análisis predictivo.
Algunos ejemplos reales:
- Brasil ya implementa plataformas de IA para filtrar postulaciones en concursos públicos.
- Argentina explora la automatización en sectores como salud, justicia y asistencia social.
- Uruguay desarrolla pilotos de IA para optimizar trámites digitales.
👉 Para un análisis más profundo sobre el avance de la inteligencia artificial en los gobiernos latinoamericanos, podés leer nuestra nota: Inteligencia Artificial en la Administración Pública: de la promesa a la realidad en América Latina.
“El gran riesgo no es la automatización en sí, sino la falta de transparencia en los criterios que emplean estos sistemas para tomar decisiones que afectan derechos concretos”, advierte Juan Manuel Benítez, especialista en derecho digital y políticas públicas.
Eficiencia vs. derechos: ¿cuánto estamos dispuestos a ceder?
La adopción de bots laborales promete mayor eficiencia, menos errores humanos y reducción de costos. Sin embargo, abre interrogantes críticos:
- ¿Cómo se auditan las decisiones tomadas por algoritmos?
- ¿Qué mecanismos de apelación existen para las personas afectadas?
- ¿Qué protección legal hay para las personas trabajadoras desplazadas?
En muchos países de la región, las leyes laborales aún no contemplan estos escenarios, lo que dificulta el ejercicio de derechos y genera incertidumbre tanto para las personas trabajadoras como para los organismos empleadores.
Datos que encienden las alarmas
Un estudio de McKinsey (2024) estima que hasta el 30% del tiempo laboral en el sector público podría automatizarse con las tecnologías actuales.
Según Latinobarómetro, el 62% de las personas en América Latina desconfía de decisiones tomadas exclusivamente por IA.
“El uso de IA en el empleo público debe acompañarse de políticas de reconversión laboral, supervisión humana obligatoria y marcos de ética algorítmica”, advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe sobre Transformación Digital Gubernamental (2023).
¿Quién controla a los algoritmos que deciden sobre nuestros trabajos?
Sindicatos y Estado: un nuevo campo de batalla
La automatización también desafía a sindicatos y organizaciones gremiales. Algunos países ya analizan la creación de comisiones mixtas de seguimiento tecnológico, integradas por:
- Representantes sindicales
- Especialistas en IA
- Organismos de control estatal
El Estado, por su parte, enfrenta un dilema urgente: ¿cómo liderar una transformación digital sin precarizar el empleo público? La solución no será solo tecnológica, sino también política, legal y social.
#IA #BotsLaborales #Automatización #GobiernoDigital #EmpleoPúblico #TransformaciónDigital #ÉticaAlgorítmica #Sindicatos
